Washington acelera sus planes tras los terremotos
Estados Unidos ha acelerado y revisado sus planes para la transición política en Venezuela después de los terremotos del 24 de junio. Según fuentes conocedoras de las conversaciones internas en Washington, la Administración estudia una fórmula excepcional de administración y tutela transicional para dirigir la reconstrucción, impedir un vacío institucional y preparar futuras elecciones democráticas.
Un proyecto aún preliminar
La propuesta se encuentra todavía en una fase inicial y no ha sido aprobada ni anunciada por la Casa Blanca. El plan contempla el despliegue en Venezuela de unas 3.000 personas y una inversión inicial cercana a los 3.000 millones de dólares, equivalentes a unos 2.600 millones de euros.
No sería una fuerza de combate
Las fuentes consultadas subrayan que no se trataría de un contingente militar ni de una operación de combate. Una parte relevante del equipo procedería del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, acompañado por expertos civiles en infraestructuras, urbanismo, energía, logística, comunicaciones y planificación territorial.
Reconstrucción de servicios e infraestructuras
La misión principal sería apoyar la recuperación de carreteras, puertos, aeropuertos, redes eléctricas, sistemas de agua y edificios públicos dañados por los seísmos. El equipo también participaría en la coordinación de la ayuda y en la definición de prioridades para reconstruir las zonas más afectadas.
Una tutela limitada y temporal
La idea que se debate en Washington busca crear una estructura provisional con capacidad para atender la emergencia, mantener servicios básicos y evitar que la reconstrucción quede completamente en manos de las instituciones heredadas del chavismo. La fórmula no implicaría una anexión de Venezuela ni su integración formal en Estados Unidos.
El modelo aún no tiene forma jurídica
No existe por ahora una arquitectura legal cerrada. Tampoco se ha decidido quién dirigiría esa administración, cuánto tiempo estaría vigente o qué competencias conservarían las instituciones venezolanas. La comparación con acuerdos de libre asociación de Estados Unidos con países del Pacífico se maneja solo como referencia política y funcional, no como un modelo aplicable de forma directa.
Resistencias dentro de la Administración Trump
La propuesta ha generado discrepancias dentro del Gobierno de Donald Trump. Washington busca una presencia amplia, con tareas concretas y capacidad de supervisión, pero sin asumir una anexión ni una ocupación formal del país. El objetivo sería una tutela vinculada a la emergencia, la reconstrucción y la transición política.
La hoja de ruta empieza con dos asambleas
El primer movimiento visible se produjo con el anuncio de una mesa de trabajo entre las dos asambleas nacionales que reclaman autoridad en Venezuela: la elegida en 2015, reconocida por Estados Unidos y por parte de la oposición como la última institución legislativa legítima, y la cámara controlada por el chavismo.
Figuera y Rodríguez abren una agenda común
Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional de 2015, y Jorge Rodríguez, presidente de la cámara creada posteriormente bajo control del régimen y hermano de Delcy Rodríguez, anunciaron por separado el inicio de una agenda de trabajo conjunta a partir del 1 de agosto.
La emergencia como punto de encuentro
Las dos partes presentan el diálogo como una respuesta a la crisis provocada por los terremotos y como una vía para impulsar la reconstrucción, la estabilidad y el fortalecimiento democrático. El proceso cuenta con respaldo estadounidense y coloca a Washington en una posición central en la reorganización política venezolana.
Sin acuerdo electoral ni reparto de poder
El anuncio no incluye todavía compromisos sobre elecciones, liberación de presos políticos, regreso de exiliados o distribución del poder. Tampoco resuelve la disputa sobre la legitimidad de Delcy Rodríguez, quien asumió la jefatura provisional del Estado tras la caída de Nicolás Maduro.
Delcy Rodríguez, interlocutora de hecho
Delcy Rodríguez se ha convertido en una pieza clave del diálogo para Washington porque conserva influencia dentro del aparato chavista. Sin embargo, su papel genera tensiones, ya que algunos sectores distinguen entre reconocer su control efectivo sobre parte del Estado y aceptarla como autoridad legítima.
La oposición cuestiona su legitimidad
Una fuente opositora plantea una contradicción central: si Estados Unidos no reconocía a Maduro como presidente legítimo, resulta difícil justificar la legitimidad de una sucesora designada vicepresidenta por el propio Maduro. Esa diferencia entre poder real y legitimidad democrática es uno de los puntos más sensibles del debate.
Machado y González Urrutia en el centro político
Los partidarios de María Corina Machado sostienen que ella y Edmundo González Urrutia conservan legitimidad de origen derivada de las elecciones presidenciales de 2024. Estados Unidos reconoció a González Urrutia como ganador de esos comicios y sostuvo que Maduro carecía de legitimidad democrática.
Temor a romper el equilibrio provisional
Quienes recelan de un regreso inmediato de Machado temen que su incorporación en plena emergencia altere el equilibrio alcanzado con las autoridades provisionales y complique la distribución de ayuda. Otros sectores, en cambio, consideran que aplazar su papel podría dejar la transición demasiado condicionada por figuras del chavismo.
Contactos discretos en Venezuela
Según fuentes conocedoras de las conversaciones, dos altos funcionarios estadounidenses han mantenido contactos recientes en Venezuela con representantes de la oposición y del chavismo. Uno estaría vinculado a la Casa Blanca para asuntos latinoamericanos y otro al área económica del Departamento de Estado. El contenido de esas reuniones no ha sido revelado oficialmente.
Negre habla de un gran acuerdo
El periodista Javier Negre, que ha adelantado varias gestiones recientes de la Administración Trump sobre Venezuela y publicó una entrevista con Delcy Rodríguez, afirmó que Washington prepara “el mayor acuerdo de la historia de Estados Unidos con Venezuela”. Según Negre, el plan se haría público en unas semanas y contemplaría “billones de dólares”.
Diferencias sobre prioridades y calendario
La disputa interna en Washington no enfrenta simplemente a partidarios y adversarios del chavismo. Las diferencias giran en torno al orden de prioridades, el calendario electoral y el precio político que habría que pagar para sostener la estabilidad mientras avanza la reconstrucción.
Un sector defiende trabajar con el antiguo régimen
Una corriente dentro de la Administración considera que la emergencia obliga a colaborar temporalmente con Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez y otros actores del antiguo régimen que aún mantienen capacidad administrativa y control territorial. Su argumento es que un colapso inmediato de esas estructuras podría dejar al país sin autoridad operativa para distribuir ayuda o mantener servicios básicos.
Otro sector teme rehabilitar al chavismo
La posición contraria advierte que una transición demasiado apoyada en esas figuras podría rehabilitar políticamente al chavismo y desplazar a quienes obtuvieron legitimidad en las urnas. Para ese grupo, la reconstrucción no debe convertirse en una vía para preservar el poder de quienes formaron parte del régimen anterior.
Kozak intenta contener la tensión
Michael Kozak, alto responsable del Departamento de Estado para el Continente Americano, trató de equilibrar esas posiciones durante una comparecencia ante el Senado. Aseguró que Estados Unidos no se opone al regreso de María Corina Machado y afirmó que todos los exiliados deben poder volver, empezando por ella.
Elecciones sin precipitación ni demora
Kozak explicó que Washington busca un punto intermedio para convocar elecciones. Señaló que no deben celebrarse demasiado pronto, porque aún faltan cambios esenciales, pero tampoco deben retrasarse indefinidamente.
Registro electoral e instituciones pendientes
Entre las tareas necesarias, Kozak mencionó la actualización del registro electoral, la incorporación de nuevos votantes, el nombramiento de autoridades electorales independientes y la reconstrucción de la infraestructura necesaria. También advirtió que no se puede organizar una elección en medio de la emergencia causada por los terremotos.
La inversión exige un gobierno democrático
El Departamento de Estado reconoce que una transición indefinida podría reducir la presión sobre el chavismo y frenar la inversión necesaria para reconstruir el país. Kozak advirtió que los inversores no comprometerán capital a largo plazo si Venezuela no cuenta con un gobierno democrático.
La mesa se habría acelerado antes del Congreso
Una fuente próxima a las negociaciones sostiene que el anuncio de la mesa entre las dos asambleas se aceleró antes de la audiencia en el Congreso estadounidense. El objetivo habría sido mostrar avances concretos y evitar que Jorge Rodríguez apareciera como un obstáculo ante los legisladores.
Jorge Rodríguez reconoce a la Asamblea de 2015
La rapidez del movimiento también habría debilitado la posición del chavismo. Jorge Rodríguez pasó de negar la autoridad de la Asamblea Nacional de 2015 a aceptar una agenda conjunta con su presidenta, lo que supone un reconocimiento político relevante dentro del proceso.
El futuro judicial de Delcy y otros dirigentes
La negociación también incluye el destino personal y judicial de Delcy Rodríguez y otros dirigentes chavistas. Algunas fuentes próximas al proceso vinculan la ofensiva de Marco Rubio contra la Corte Penal Internacional con la posibilidad de facilitar una salida negociada para ciertos responsables del régimen.
Rubio endurece su postura contra la CPI
Marco Rubio anunció una campaña de todo el Gobierno estadounidense para presionar a la Corte Penal Internacional. Acusó al tribunal de librar una ofensiva contra Estados Unidos mediante el derecho internacional y prometió recurrir a sanciones, restricciones de visados, prohibiciones de viaje y presión diplomática.
Una hipótesis aún no confirmada
La posible relación entre esa ofensiva y una salida negociada para dirigentes chavistas no ha sido confirmada por la Administración. Estados Unidos no puede cerrar por sí solo investigaciones de la CPI ni impedir que otros países activen tribunales nacionales o mecanismos de jurisdicción universal.
Seguridad y diplomacia dentro del plan
Según una fuente de la Administración, el general Francis Donovan, del Mando Sur, y John Barrett, encargado de negocios de Estados Unidos en Caracas, mantienen enfoques distintos sobre el alcance de la estructura provisional. Donovan representaría una visión más centrada en seguridad, logística y control operativo, mientras Barrett defendería una vía diplomática basada en preservar parte de las instituciones venezolanas y pactar con actores locales.
Los dos escenarios que la Casa Blanca quiere evitar
Washington intenta impedir dos desenlaces. El primero sería una desintegración institucional que obligara a una intervención militar mucho mayor. El segundo sería una estabilización sin democracia, en la que Delcy Rodríguez y su entorno conservaran el control bajo apariencia de transición.
Una transición con muchas preguntas abiertas
Entre esos dos extremos, Estados Unidos intenta construir una administración provisional, una mesa política y un calendario electoral. El objetivo declarado es que los venezolanos puedan elegir finalmente a su gobierno. La dificultad está en definir quién controla el país mientras tanto, quién administra los fondos de reconstrucción y qué dirigentes podrán participar en la transición.