Una reforma para frenar el sobreendeudamiento
Ceuta y el resto de España se preparan para un cambio relevante en el mercado financiero tras la publicación del Anteproyecto de Ley de contratos de crédito al consumo. La norma busca transformar la relación entre entidades y clientes, reforzando la protección del consumidor frente a prácticas que puedan favorecer el endeudamiento excesivo.
El eje central de la reforma es claro: ninguna entidad podrá emitir tarjetas de crédito ni aumentar su límite de gasto si el usuario no lo ha solicitado previamente por escrito. La medida responde a un contexto en el que la pérdida de poder adquisitivo ha llevado a muchos hogares a financiar gastos corrientes mediante crédito.
Fin a las tarjetas no solicitadas
Uno de los pilares del anteproyecto es la prohibición de la concesión de crédito no solicitado. El artículo 63 impide que los prestamistas otorguen crédito a consumidores sin petición previa y sin consentimiento expreso.
Esto significa que los bancos no podrán enviar tarjetas de crédito al domicilio de clientes que no las hayan pedido. Tampoco podrán elevar de forma unilateral y automática el tope de gasto de tarjetas ya existentes. El objetivo es limitar las tácticas comerciales agresivas y garantizar que el cliente tome una decisión consciente.
Consentimiento claro y sin casillas marcadas
La nueva normativa también combate el consentimiento tácito. El artículo 62 establece que los prestamistas no podrán presumir la aceptación del consumidor mediante opciones por defecto, como casillas previamente marcadas en formularios digitales.
El cliente deberá realizar un acto afirmativo, claro e inequívoco para quedar vinculado a tarjetas de crédito, servicios accesorios o productos financieros asociados. Esta exigencia refuerza la transparencia y reduce el riesgo de contratación involuntaria.
Más control sobre créditos digitales
El anteproyecto amplía el alcance de la regulación a productos que antes quedaban fuera de muchas protecciones. Entre ellos se incluyen los contratos de crédito inferiores a 200 euros, una categoría relevante para operaciones de bajo importe pero de uso frecuente.
También se regulan los sistemas de “Compre ahora, pague después”, conocidos como Buy Now Pay Later. Al ser considerados créditos al consumo, estos productos deberán cumplir estándares de transparencia similares a los de las tarjetas tradicionales, incluyendo advertencias claras de que tomar dinero prestado tiene un coste.
Solvencia e inteligencia artificial bajo vigilancia
Para prevenir el sobreendeudamiento, las entidades deberán evaluar en profundidad la solvencia del consumidor antes de conceder crédito. Esta evaluación tendrá que basarse en información suficiente y proporcionada sobre ingresos y gastos del cliente.
Si el análisis se realiza mediante sistemas automatizados o inteligencia artificial, el consumidor tendrá derecho a recibir una explicación clara de la decisión, expresar su punto de vista y solicitar una revisión humana. Además, si se deniega crédito por una consulta a bases de datos como la Central de Información de Riesgos del Banco de España, la entidad deberá informar al cliente de forma gratuita y detallada.
Más transparencia antes y después de firmar
Antes de contratar una tarjeta de crédito, el consumidor deberá recibir la Información Normalizada Europea. Este documento resumirá los elementos esenciales del contrato, como la identidad del prestamista, el importe total, la duración, la TAE, los costes por retrasos y el derecho de desistimiento.
La ley también mantiene un plazo de 14 días naturales para desistir del contrato sin indicar motivos y sin penalización. Para clientes con dificultades financieras, las entidades deberán contar con políticas de renegociación de deuda y derivar a consumidores vulnerables hacia servicios de asesoramiento independientes. Para el mercado, la reforma supone un giro hacia un crédito más transparente, menos agresivo y más centrado en la capacidad real de pago del ciudadano.