Tensión diplomática por caso Sinaloa y soberanía
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió con firmeza a la acusación presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, señalando que cualquier acción debe basarse en pruebas contundentes. El caso ha intensificado las tensiones entre México y Estados Unidos en un momento particularmente delicado para la relación bilateral.
Exigencia de pruebas y postura oficial
Sheinbaum dejó claro que su gobierno no protegerá a ningún funcionario, pero insistió en que el proceso debe apegarse a la ley y sustentarse en evidencia sólida.
“Solo si existen pruebas contundentes se va a proceder contra Rubén Rocha Moya”, afirmó la mandataria.
Además, subrayó que sin elementos claros, la acusación podría tener un trasfondo político:
“Si no existen pruebas contundentes, es evidente que el objetivo es político”.
Defensa de la soberanía nacional
Durante su conferencia, la presidenta enfatizó el principio de no intervención extranjera:
“Debe quedar sumamente claro: bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones que le competen exclusivamente al pueblo de México”.
Bajo el lema “Verdad, justicia y defensa de la soberanía”, Sheinbaum reafirmó que México mantiene relaciones internacionales “de iguales”, rechazando cualquier forma de subordinación.
La acusación desde Estados Unidos
El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Rocha Moya y a otros funcionarios de presuntos vínculos con el narcotráfico, incluyendo cargos por conspiración, posesión ilegal de armas y tráfico de drogas.
Según el documento, el gobernador habría colaborado con “Los Chapitos”, una facción del Cártel de Sinaloa, permitiendo sus operaciones a cambio de apoyo político y sobornos.
El informe señala:
“Rocha Moya ha permitido que Los Chapitos operen con impunidad en Sinaloa…”.
Rechazo del gobernador y respuesta interna
Por su parte, Rubén Rocha Moya negó las acusaciones “categórica y absolutamente”, calificándolas como un ataque tanto a su persona como al proyecto político de la llamada “cuarta transformación”.
El caso será revisado por la Fiscalía General de la República, que analizará la evidencia enviada desde EE.UU. para determinar si existen elementos suficientes y evaluar una posible solicitud de extradición.
Fricciones diplomáticas y declaraciones del embajador
La tensión aumentó tras declaraciones del embajador estadounidense, Ronald Johnson, quien afirmó:
“La corrupción que facilita el crimen organizado y perjudica a ambos países será investigada y procesada…”.
Sheinbaum consideró estas declaraciones como “desafortunadas” y advirtió que “un embajador no puede tener una actitud injerencista”.
Un contexto de creciente tensión bilateral
Las acusaciones se producen en un momento complejo en la relación entre ambos países, marcado también por la reciente muerte de dos agentes de la CIA en un operativo en Chihuahua, un caso que, según Sheinbaum, “todavía no se aclaró”.
El caso del gobernador de Sinaloa ha abierto un nuevo frente de tensión entre México y Estados Unidos, poniendo en el centro el equilibrio entre cooperación internacional y soberanía nacional. Mientras las autoridades mexicanas insisten en el debido proceso y la necesidad de pruebas, el desenlace dependerá de la evidencia que logre sostener o desmentir las acusaciones. El episodio refleja no solo un conflicto legal, sino también una disputa política y diplomática de alto nivel.